Vía LinuxParty llegué al Ranking Internacional 2007 sobre Privacidad de Privacy international, un grupo creado en 1990 que trabaja en el campo de los derechos humanos, y que tiene una mirada atenta sobre vigilancia e invasiones a la privacidad por parte de gobiernos y corporaciones.

El informe, realizado sobre 70 países, no es muy alentador. La mala noticia es que, de las siete calificaciones posibles -que van desde “defensa consistente de los derechos humanos” a “sociedades endémicamente vigilantes” (”Endemic surveillance societies”)- sólo una recibe alguna de las primeras tres (Grecia, con un calificativo de “adecuadas salvaguardas contra abusos”). Pero una noticia aún más preocupante es que la situación tiende a empeorar.
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Dos notas de opinión entre preocupantes y llamativas ocupan mi atención en esta lenta mañana de sábado:

Primera. en su habitual columna de Clarín, Oscar Raúl Cardoso señala una vez más lo que a esta altura debería ser obvio y son embargo, para los que deciden, no lo es: las políticas de seguridad que avanzan sobre la restriccion de derechos individuales sólo son eficaces para restringir esos derechos y, en menor medida, para justificar los fracasos de quienes las implementan.
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Inquietante pirulo de tapa el de hoy de Página/12:

Miembros del Club Republicano de la Universidad de Nueva York anunciaron que hoy jugarán a “Encuentre al inmigrante ilegal” en el parque de esa casa de estudios. El juego consiste en que estudiantes identificados como “agentes de inmigración” tratarán de detener a otro que llevará escrito “indocumentado” en un cartelito. El que logre detener al ilegal recibirá un premio de cien dólares. La presidenta del Club de Estudiantes Republicanos reconoció que el juego es “provocativo”, pero negó que fuera “racista”.

Sin palabras.

No sé si a otras personas les sucede lo mismo: me fastidia muchísimo ver reparticiones oficiales custodiadas por agencias de seguridad privada. Entrar a un Ministerio y que un guardia perteneciente a “Portate Bien S.A” me pida el documento, es para mí la confesión más patética de impotencia e incapacidad por parte de los funcionarios públicos encargados de administrar seguridad a los ciudadanos e instituciones de nuestro país. Y esa es la evaluación generosa.

Sin embargo, no sólo la seguridad física se delega y privatiza: también la seguridad de los sistemas informáticos de organismos tan sensibles como el Ministerio de Justicia. De acuerdo a una investigación realizada por Relecturas y comentada por Bea, el sistema de seguridad informático de este Ministerio sería provisto y gestionado por la empresa PriceWaterHouseCoopers.
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Sigue la campaña de mentiras y desatinos de CAPIF. Ya no les alcanza con repetir el latiguillo insoportable de “compartir música es una actividad criminal”. Ahora escudriñan la intimidad de los usuarios de internet y se meten en sus celulares[1], sin ninguna autorización, sólo para enviar un mensaje de reminiscencias mafiosas: “nosotros sabemos quién sos y sabemos además que vos bajás música”.

La gacetilla de prensa explica de qué se trata: “Desde el mes de agosto, 60 mil mensajes instantáneos son enviados semanalmente a usuarios argentinos de las distintas redes utilizadas por sistemas de intercambio de archivo tipo p2p, como son Limewire, E-mule y Kazaa”. También reproduce el texto completo del mensaje enviado, cuyos párrafos sobresalientes son:
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David miró por enésima vez su reloj y resopló fastidiado. “Ya voy, má, te dije que ya voy”, rezongó mientras intentaba cargar algunas canciones en su reproductor de audio.

No había caso, revisó toda su colección en vano. “Este track ha sido reproducido en diez ocasiones. Límite de reproducción alcanzado. Haga click en http://www.zony.com/play_again.html para habilitar nuevas reproducciones”.
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Una nueva gran idea nos acaba de acercar un pasito más a la República Blumberg, ese lugar donde se entrega toda posibilidad de privacidad pero a cambio nos devuelven seguridad garantizada. En algún post anterior hice referencia a esta peligrosa fantasía que nos convierte a todos en sospechosos subvirtiendo el precepto republicano de la presunción de inocencia.

Me refiero a esta peregrina iniciativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de colocar cámaras de video en las principales estaciones de subte.
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El avance tecnológico podría -y quizás, debería- ser sinónimo de mayor bienestar y equidad entre las personas. A veces funciona de esa manera, pero sólo a veces. En otras ocasiones, no faltan quienes intentan aprovechar la nueva tecnología para reforzar de manera inimaginable situaciones de sometimiento, inventando nuevas formas de esclavitud y sumisión.

En Quién vigila al vigilante la vigilanta se hace eco de uno de los usos más abusivos: la implantación de microchips en el cuerpo de los empleados para que sus empleadores puedan controlarlos más eficazmente.
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Vía ¿Quién vigila al vigilante? (y a su vez, vía Engadget), me llega una noticia inquietante: World Tracker, una compañía británica que ofrece un servicio innovador de seguimiento de personas utilizando el sistema de posicionamiento de los teléfonos celulares más una interfaz estilo Google Maps (y además de innovador, muy económico: sólo 1 libra más IVA para monitorear cuatro celulares) .
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Desde tiempos inmemoriales existió el deseo de los poderosos de controlar a sus semejantes incluso más allá de la posibilidad de obtener obediencia y sumisión. La fantasía máxima de reyes y dictadores ha sido conocer y dirigir los pensamientos íntimos de las personas.

La fantasía trágica de la dictadura perfecta la esboza como nadie antes el escritor inglés Georges Orwell, en su novela 1984, donde describe una sociedad conducida por una combinación exacta de terror, propaganda y vigilancia extrema. La expresión Gran Hermano, popularizada por patéticos experimentos televisivos, simboliza la observación permanente de todos los actos de los ciudadanos, la pérdida de cualquier derecho a la intimidad y por ende, del derecho a la identidad de los individuos.
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