Las regulaciones de patentes, copyright y derechos de autor, derechos de obtentor, marcas, denominaciones de origen, etc, tienen cada vez más incidencia en nuestra vida cotidiana. Patentes que condicionan nuestro acceso a medicamentos, semillas, tecnologías diversas e incluso la vida, criminalización de la distribución de música, libros, películas o software, restricciones en el acceso a la cultura, todo este tipo de regulaciones se negocian en foros como la OMPI o la OMC y luego se integran en los capítulos de “Propiedad Intelectual” de los Tratados de Libre Comercio o en los Acuerdos de Inversiones.

Tarde o temprano, llegan a nosotros bajo la forma de legislaciones nacionales que no se discuten públicamente. Poco sabemos sobre estas regulaciones y mucho menos sobre su negociación. Así, nuestra incidencia política en la definición de legislaciones y acuerdos de tan fuerte impacto social resulta mínima o prácticamente nula.

¿Cómo son las negociaciones en estos organismos? ¿Quién toma las decisiones que nos afectan? ¿Y cuáles son las perspectivas de incidencia de las organizaciones sociales en torno a OMPI? ¿Es una buena noticia la agenda para el desarrollo? Estas son algunas de las preguntas que trataremos de responder en esta charla que esperamos ilustre el panorama actual en un campo de enorme impacto en nuestras sociedades pero de mínima discusión y difusión pública.

Participan

• Marta Gabrieloni
  Diplomática de carrera de la Cancillería Argentina. Delegada en la Misión Argentina en Ginebra, Suiza, entre los años 1998 y 2006. Siguó las negociaciones de OMPI durante todos esos años. Además, fue una de las diplomáticas que trabajó de cerca la presentación y negociaciones de la Agenda para el Desarrollo en OMPI y las negociaciones de Salud Pública en la Ronda de Doha de la OMC.
• Enrique Chaparro
  Matemático, especialista en sistemas de seguridad de la información, miembro de la Fundación Vía Libre, especialista en temas relacionados a monopolios de patentes y derechos de autor en entornos de nuevas tecnologías. Autor, entre otros, del libro “MABI Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles”.

Modera

• Patricio Lorente – Presidente de Wikimedia Argentina.

Invitan: Fundación Vía Libre y el Grupo de Informática y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación.

Noticia original en el sitio de Via Libre.

El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) nos recuerda, en un texto dedicado al Día de la Propiedad Intelectual, que el lema de su organización para este año es “Fomentar la Creatividad”, y provee ejemplos de maneras en las que distintas formas de “propiedad intelectual” actúan como incentivos. Sin embargo, la tragedia de los ejemplos que la OMPI calla es mucho más elocuente que la promesa de aquellos cuyas loas canta.

OMPI menciona que el derecho de autor permite a algunos músicos proyectar sus obras a todo el mundo, pero olvida decir que difundirlas a través de redes peer-to-peer (P2P) como Bittorrent puede ser mucho más eficaz a ese fin que el recurso de someterse a las condiciones leoninas de las discográficas, las que toman control de dónde y cómo se difundirá la música, pagan regalías misérrimas (cuando las pagan), y por lo general sólo publican obras una vez que sus autores les ceden sus preciosos derechos patrimoniales sobre ellas.

Tampoco menciona la persecución y criminalización de niños y familias enteras por participar en redes P2P, acusándolos de infracción al derecho de autor basándose en suposiciones, evidencia dudosa e interpretaciones maximalistas de tal derecho. Ni las iniciativas, también fomentadas por su organización, para exigir a las bibliotecas el pago de derechos de autor por el préstamo de libros a sus parroquianos (pago que, por lo general, termina en manos de las gestoras colectivas de derechos y las editoriales, y no va al bolsillo del autor).

El hecho de que la exagerada duración del derecho de autor propuesta por su organización sea responsable de que grupos de admiradores de James Joyce no puedan aún leer sus escritos cuando lo celebran no parece merecer la atención de la OMPI, y tampoco la realidad de que esa misma duración sea la causa de que no hayan entrado nuevas obras al dominio público por casi un siglo, condenando a miles de ellas a desaparecer para siempre, ya que no se las puede preservar (copiar o digitalizar) sin violar el derecho de autores imposibles de contactar.

Su elogio de las patentes pasa por alto el destino de los millones de personas que padecen de enfermedades tratables, pero que no pueden acceder a los medicamentos necesarios porque alguna empresa de fármacos posee un patente que le permite fijar precios arbitrariamente altos y excluir toda competencia.

También parece ignorar que las patentes aplicadas a la medicina, a la genética, a la informática, a las matemáticas y a otras disciplinas las ha convertido en campos minados, en los que áreas completas del conocimiento no pueden ser exploradas sin antes obtener permiso de sus “dueños”, o que el patentamiento de secuencias genéticas en seres vivos ha permitido a semilleras como Monsanto exigir la destrucción de la cosecha de agricultores cuyos cultivos habían sido contaminados con genes patentados, aún cuando la contaminación se había producido por negligencia de la propia semillera.

El concepto de “Propiedad intelectual” fomentado por la OMPI es engañoso: reúne bajo su paraguas regímenes diferentes, con impactos e implicancias distintas. Es un concepto que confunde para hacernos creer que las ideas son apropiables y que sus “propietarios” tienen derecho a excluir a otros de los beneficios de las artes y las ciencias. Es un sistema que enseña que compartir es un delito, y que sin monopolios no existiría innovación.

Lo que la OMPI denomina “Propiedad Intelectual” no es más que una serie de regulaciones jurídicas que crean monopolios artificiales aplicados a diferentes campos, desde las marcas registradas, pasando por las obras de autor hasta ciertos inventos, sin olvidar los derechos de obtentores de variedades vegetales y otros. Estos monopolios se constituyeron como un experimento social, y son relativamente nuevos en la historia. Su objetivo manifiesto es fomentar las artes y el progreso de la ciencia a través de mecanismos que permitan a autores e inventores tener un monopolio de negocios garantizado por un tiempo limitado, para explotar en forma exclusiva los beneficios de su trabajo. Supuestamente, esto habría de fomentar la creatividad y la innovación.

Sin embargo, vale recordar que Daguerre no necesitó una patente para diseminar masivamente el fantástico sistema que diera origen a la fotografía. Tampoco Mozart necesitó un derecho de autor para crear una música eterna. Ni Cervantes, ni Shakespeare, ni Miguel Angel, ni las culturas nativas. Tampoco los médicos tradicionales patentaron las aplicaciones de las plantas con virtudes curativas ni los pueblos mesoamericanos apelaron a monopolios cuando cultivaron la enorme variedad de formas del maíz que hoy es uno de los alimentos básicos en todo el planeta.

Hoy, el software libre prescinde deliberadamente del monopolio de copia para construir un enorme conjunto de aplicaciones innovadoras a disposición de toda persona que quiera usarlo, estudiarlo, copiarlo y diseminarlo en libertad. Y hay cientos y cientos de artistas liberando efectivamente sus obras para aprovechar las ventajas de la revolución digital.

La OMPI quiere que creamos que no habría invenciones sin patentes, ni libros sin derecho de autor, ni papas sin derechos de obtentor, pero sabemos que no es así. Es posible que estos regímenes, aplicados con mesura y en contextos tecnológicos apropiados, funcionen como incentivos eficaces a la producción de ciertas obras, pero no son imprescindibles. Más aún, de poco nos sirve la producción de obras e inventos si la condición para ello es privar a la sociedad de acceder a ellos.

Por cierto, es difícil para una entidad llamada “Organización Mundial de la Propiedad Intelectual” pensar fuera del marco impuesto por su nombre, pero creemos que el Día de la Propiedad Intelectual es una buena ocasión para llamar a la sociedad a reflexionar sobre los peligros del abuso de estos derechos monopólicos, y a explorar mecanismos alternativos para fomentar las artes y las ciencias, mecanismos que faciliten la circulación y preservación de conocimiento, en vez de impedirlo.

Fuente: Fundación Vía Libre.
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Pero en este post no intento referirme a fenómenos que la tradición jurídica conoce tan bien, sino a cuestiones algo más novedosas y con efecto sociales y políticos más delicados.

El primero es esta pretensión tan menemista de adaptar la legislación nacional por la vía de suscribir tratados internacionales que introducen reformas legislativas enteras por la ventana. Los intentos de suscribir el ALCA, por ejemplo, omiten decir que algunas de sus normas solapan, modifican o reemplazan de hecho disposiciones constitucionales, pero no hemos escuchado a ninguno de los defensores de este tratado sugiriendo la realización de una Convención Constituyente que se haga cargo de las reformas necesarias. Es que el objetivo es que no se necesite acudir a una molesta elección de convencionales que una vez electos quizás no tengan ninguna intención de adaptar la Carta Magna en ese sentido. Los militantes del ALCA sueñan con una reforma constitucional de facto vía la firma de un convenio multilateral de estas características, a la medida de intereses corporativos.

Otra forma aún más curiosa y delicada, porque es más imperceptible, va por la vía de desarrollos tecnológicos que limitan el control de sus usuarios sobre esa misma tecnología.

Dos casos interesantes: atractivos precios internacionales más la falta de una política orientadora más una eficaz campaña publicitaria ha inundado nuestros campos con soja. El fin de semana hice un trayecto de algo más de setecientos kilómetros desde Córdoba hasta Capital Federal, y no vi otra cosa en los campos que soja, con la solitaria excepción de un pequeño cuadro de maíz. No voy a hacer mención al riesgo ambiental y productivo que esto supone, para eso hay sitios especializados de primer nivel. Me interesa contar otra parte de la misma historia. Resulta que poco después de la introducción en Argentina de especies transgénicas (esto significa no sólo semillas modificadas, sino además con dueño), muchos productores comenzaron a vender clandestinamente (sin permiso del dueño), semillas a otros campos y a otros países.

En este punto cualquiera habrá notado que los conceptos comienzan a marearse: ¿Esos productores no habían comprado las semillas? Y si las habían comprado, ¿no eran los dueños? ¿Cómo es que hay un dueño que vende pero no cede la propiedad? Es que la profundización ridícula de los regímenes de propiedad intelectual provoca estos desaguisados. El dueño de la patente lo que vende es un lote determinado de semillas y al mismo tiempo el permiso de usar esas semillas exclusivamente en las condiciones que fija el dueño de la patente, que entre otras cosas suele limitar la utilización de semillas de segunda generación (eso que se hace desde la invención de la agricultura que consiste en guardar parte de la cosecha para poder resembrar).

Primero se hizo el distraído, pero luego de algún tiempo, el dueño de la patente puso el grito en el cielo y amenazó con pleitos judiciales, embargos internacionales y tres o cuatro de las siete plagas de egipto. Ahí andan aún negociando indemnizaciones pese a que en la legislación argentina las patentes sobre semillas no son aceptadas.

Mientras estas cosas pasan, reformas legislativas payasescas se van negociando por los parlamentos del mundo: una en particular que indica que se prohibe guardar parte de la cosecha para la próxima siembra. Con toda claridad y franqueza, los parlamentos que van cediendo le dicen al mundo que ya no legislan más para el bien común. Por suerte, hay legislaturas que por convicción o por estar demasiado expuestas a la opinión pública, resisten.

El dueño de la patente se encuentra con que no consigue leyes para reforzar su exigencia leonina que obliga al productor a comprar aunque no necesite, y decide una vía más expeditiva: desarrolla una nueva semilla de soja, bautizada de manera no inocente “Terminator“, que genera semillas estériles. Conclusión: si los gobiernos no prohiben a los productores la posibilidad de resembrar, entonces pronto tendrán una prohibición de facto pues las nuevas plantas no podrán reproducirse. Pero lo más impresionante es la presentación publicitaria, que señala que esta nueva soja será sensacional pues evitará la posibilidad de que los campos vecinos se contaminen con soja transgénica cuyo uso no ha sido aprobado por el dueño de la patente, evitando futuros juicios por utilización indebida de esas semillas. Nos venden la enfermedad y luego el remedio.

Otro caso curioso y actual es el de la informática. La gestión digital de derechos (en inglés, Digital Rights Management, DRM) es un intento descarado de operar a control remoto nuestras propias computadoras para garantizar las pretensiones más afiebradas de las empresas de contenidos (discográficas, grandes editoriales, incluso productores de software), pretensiones que no logran convertir en leyes tal como prescribe el proceso legislativo -o por lo menos, que no logran cristalizar al ritmo de vértigo que desean, los parlamentos en general han sido muy permeables a estas pretensiones.

Para decirlo en dos palabras, aunque es algo más complejo, lo que se quiere prohibir es toda posibilidad de compartir o copiar contenidos. Para ello han desatado una campaña de amenazas y mentiras por el mundo que sitúa a cada niño con una computadora en el lugar de un peligroso delincuente. Sin embargo, como las leyes no encarcelan aún a quien comparte una canción o un libro, han inventado el DRM. Quizás usted quiera leer un libro electrónico. Quizás se encuentre con que sólo tiene permiso para leerlo una limitada cantidad de veces, y copiar y pegar no más de unas pocas palabras aún cuando se trate de apuntes privados. Quizás se encuentre con que no puede guardar el archivo en otro disco. Nada de esto está reglamentado por ley, pero la tecnología lo reglamenta de hecho.

Hace un par de días se difundió que al usar el programa de intercambio de archivos Kazaa aparece sorpresivamente una ventanita que indica que al estar usando ese programa para compartir archivos MP3 usted probablemente esté cometiendo delitos. (Aviso gratuito, use cualquier otro programa de P2P menos el Kazaa que es una fábrica de spyware y adware). Esto significa que alguien sin su permiso instala un programa en su disco rígido para avisarle que usted quizás sea un delincuente… la pregunta obvia es quién de los dos merece esa calificación, si usted o el dueño del cartelito.

Pero esto es un juego de niños comparado con los dispositivos DRM. Más cerca está la Sony, que en sus nuevos CD anticopia, instala de prepo un reproductor de cd, toca recursos del sistema sin aviso, verifica a cada rato qué programas se están ejecutando en su compu e impide la copia del cd a otro dispositivo. Una belleza por donde se mire. Recuerde: usted no usa su computadora, la computadora es usada para controlarlo a usted.

Y la frutilla del postre viene con crema y todo: otra vez, la culpa es suya. Como hay tantos delincuentes en internet y no queremos hacerle un juicio, dicen los publicistas de esta tecnología, usted necesita una super compu con DRM que sirve para que le actualicemos los programas, le quitemos los virus y le impidamos hacer nada que no deba hacer. Todo ello a distancia, todo ello sin avisar al usuario.

Las elecciones a cargos legislativos despiertan cada vez menos interés. Quizás estos sean algunos de los motivos.

Y decía: nunca más oportuno este debate en momentos en que las portadas de los diarios del mundo dan cuenta del riesgo de pandemia que se cierne sobre el horizonte: los jinetes del apocalipsis ahora montan sobre aves de corral y la humanidad cuenta con escasas defensas. Sólo cuatro antivirales, y el más eficaz de ellos, inaccesible: su dueño, la farmacológica suiza Roche, se niega a compartir la patente.

En las sociedades modernas, el derecho de propiedad, como todos, se fundamenta en su función social, no en un mandato divino. Se supone que es beneficioso para la sociedad que existan ése y otros derechos y deberes. Puede discutirse (y de hecho, hace siglos que está en debate) si en efecto el derecho de propiedad acarrea -o no- más beneficios que perjuicios, y hasta ahora gran parte de la humanidad ha considerado que el balance global es positivo. Pero este derecho de propiedad que reivindica el laboratorio Roche carece de toda justificación ideológica, política y sobre todo moral. Es hora de que comencemos a interrogarnos seriamente acerca de la apropiación abusiva del conocimiento.